Tambalea la reforma pensional de Petro

La reforma pensional, una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro, está a punto de ser hundida definitivamente en la Corte Constitucional. SEMANA revela el contenido de la ponencia del presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que advierte graves vicios de trámite en la aprobación de esa iniciativa en la Cámara de Representantes.

 

La ponencia tendrá que ser debatida en la Sala Plena de la Corte a mediados de noviembre y enfrentará, sin duda, un escenario adverso, teniendo en cuenta que la Casa de Nariño no tiene garantizados hoy los votos entre los nueve magistrados. Una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, cercano a Petro, podría prosperar en los próximos días y poner en jaque los respaldos con los que contaba el presidente para lograr sacar adelante una de sus principales promesas de campaña. La Corte estudia hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional que fue radicada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien solicitó que dicha ley se declarara “inexequible” por irregularidades durante su trámite en el Congreso.

 

Valencia alegó, entre otras razones, que la reforma debería caerse por violar, en su discusión en el Legislativo, el artículo 157 de la Constitución, que establece los requisitos para aprobar una ley. A su juicio, la reforma pensional, por falta de tiempo, no se discutió en la plenaria de la Cámara, y los representantes acogieron, a través de una proposición, el texto aprobado por el Senado durante la sesión del 14 de junio de 2024.

 

La Corte Constitucional, en pleno, le lanzó un salvavidas al Gobierno Petro y le permitió que subsanara ese “vicio de trámite” en el Congreso. Sin embargo, a juicio del ponente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, eso no ocurrió. Como si fuera poco, cuando la plenaria de la Cámara subsanó el error legislativo, lo hizo basándose en información de un comunicado de prensa y no en el auto oficial de la Corte. El afán les jugó una mala pasada al Gobierno Petro y al Congreso. Hasta ahora, el contenido de la ponencia de Ibáñez Najar era considerado uno de los mejores secretos de la Corte Constitucional. SEMANA logró acceder al texto, de 83 páginas, que encenderá un debate nacional y tendrá repercusiones políticas para el presidente Petro.

 

Tras un completo análisis de pruebas y documentos, el magistrado Ibáñez Najar propone “declarar no subsanado el vicio de procedimiento analizado en el Auto 841 por la Sala Plena el 17 de junio de 2025”, según se lee en la parte resolutiva de la ponencia.

 

A renglón seguido, Ibáñez Najar pide declarar “inexequible la Ley 1681, aprobada por el Congreso el 16 de julio de 2024 ‘por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones’ por no haberse subsanado los vicios de procedimiento de su formación y haber persistido en ellos durante el fallido trámite de subsanación en el Congreso”. Sin debate Además de los vicios de trámite, la reforma pensional ha sido polémica porque busca un completo revolcón al sistema de jubilación en el país. Acaba con la competencia entre el régimen público (Colpensiones) y el privado (fondos de pensiones), limita los subsidios a un máximo de 2,3 salarios mínimos y crea un sistema de pilares.

 

Este último implica que los colombianos tendrían varios niveles para obtener recursos en su vejez. El primer pilar sería el solidario, un subsidio puro destinado a los adultos mayores en pobreza. El segundo es el semicontributivo, para aquellos que tienen algo de ahorro, pero no suficiente para la pensión, y el tercero es el contributivo, que es donde quedarían todos aquellos que mensualmente cotizan para financiar su vejez. Es este último pilar el que ha generado más controversia porque implica que todos quienes hoy cotizan en los fondos privados deben pasarse a Colpensiones (lo que algunos califican como una expropiación del ahorro) y solo aquellos que devenguen más de 2,3 salarios mínimos